Una de las preocupaciones más frecuentes de quienes se plantean acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es saber si podrán cancelar sus deudas sin perder su vivienda habitual.
Desde la reforma concursal introducida por la Ley 16/2022, el deudor persona física dispone de dos grandes vías para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho: la exoneración después de liquidar su patrimonio y la exoneración mediante un plan de pagos sin liquidación previa de la masa activa.
La segunda modalidad permite, en determinadas condiciones, conservar la vivienda habitual. Sin embargo, no basta con manifestar la voluntad de seguir pagando la hipoteca. Es necesario presentar un plan económica y jurídicamente consistente, capaz de superar el control judicial y las eventuales impugnaciones de los acreedores.
El diseño de este plan exige coordinar tres elementos diferentes:
- El tratamiento de la deuda hipotecaria.
- El valor económico de la vivienda.
- La capacidad real de pago del deudor durante los años de duración del plan.
Un error en cualquiera de estos elementos puede hacer inviable la conservación del inmueble.
La exoneración mediante plan de pagos
El artículo 486 del Texto Refundido de la Ley Concursal permite que el deudor persona natural, sea o no empresario, solicite la exoneración del pasivo insatisfecho mediante un plan de pagos sin liquidación previa de la masa activa.
La solicitud debe presentarse antes de que el juez acuerde la liquidación. Debe ir acompañada de una propuesta detallada y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los tres últimos ejercicios finalizados, tanto del deudor como de las restantes personas que integren su unidad familiar.
La elección de esta modalidad tiene una consecuencia temporal importante. Aunque la duración ordinaria del plan es de tres años, el artículo 497 del TRLC establece que será de cinco años cuando no se realice la vivienda habitual del deudor y, cuando corresponda, de su familia.
Por tanto, conservar la vivienda implica normalmente aceptar un período de supervisión y cumplimiento más prolongado.
El plan de pagos no es una simple lista de cuotas
El artículo 496 del TRLC exige que la propuesta contenga un calendario de pagos de los créditos exonerables que vayan a ser satisfechos durante su vigencia.
También debe explicar detalladamente los recursos con los que se atenderán:
- Los pagos comprometidos en el plan.
- Las deudas que no sean exonerables.
- Las obligaciones por alimentos.
- Los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de su familia.
- Las obligaciones generadas por su actividad profesional o empresarial.
- Las cuotas del préstamo hipotecario que deban seguir abonándose.
El plan puede establecer cuotas fijas, pagos variables ligados a la evolución de los ingresos o una combinación de ambos sistemas. Lo que no puede hacer es consistir, de manera encubierta, en la liquidación total del patrimonio ni alterar arbitrariamente el orden legal de pago de los créditos.
La calidad del plan depende, por ello, de la información económica que lo sustenta. Un simple cuadro mensual sin una memoria explicativa, sin hipótesis de evolución de ingresos y sin análisis de contingencias puede ser formalmente admisible, pero difícilmente superará una oposición fundada de los acreedores.
Primer análisis: ¿resulta económicamente razonable conservar la vivienda?
Antes de diseñar el plan debe determinarse si conservar la vivienda es realmente la solución más favorable para el deudor.
No siempre lo es.
El análisis debe comparar, como mínimo:
- La cuota hipotecaria actual.
- El capital pendiente.
- El valor de mercado del inmueble.
- El importe legalmente reconocido como valor de la garantía.
- El coste de una vivienda alternativa en alquiler.
- Los gastos asociados a la propiedad: comunidad, IBI, seguro, conservación y derramas.
- La estabilidad de los ingresos futuros.
- El valor que recibirían los acreedores si el inmueble fuera liquidado.
En la práctica pueden darse cuatro situaciones principales.
Vivienda con deuda hipotecaria superior a su valor
Es el supuesto conocido como vivienda con valor neto negativo. El capital pendiente de la hipoteca es superior al valor económico del inmueble.
En estos casos, la venta puede no producir ningún remanente para los acreedores ordinarios. La conservación de la vivienda suele resultar más defendible, especialmente si la cuota hipotecaria es inferior o similar al coste de un alquiler alternativo.
No obstante, debe calcularse correctamente qué parte del préstamo queda cubierta por la garantía y qué parte constituye exceso de deuda potencialmente exonerable.
Vivienda cuyo valor es similar a la deuda hipotecaria
La conservación puede ser viable, pero exige una tasación sólida y una previsión razonable de los costes de realización.
Pequeñas diferencias en la valoración pueden cambiar completamente el resultado. Una tasación excesivamente optimista puede revelar una aparente plusvalía que obligue a incrementar los pagos ofrecidos a los acreedores.
Vivienda con un valor claramente superior a la hipoteca
Aquí aparece uno de los principales obstáculos.
Aunque el TRLC permita conservar la vivienda, los acreedores pueden exigir que el plan les asegure, al menos, el importe que habrían recibido si el inmueble se hubiera liquidado.
Por tanto, el deudor puede verse obligado a compensar durante cinco años el valor neto que habría generado la venta. Cuanto mayor sea el valor libre de cargas, mayor será el esfuerzo de pago necesario para conservar el inmueble.
Vivienda sin hipoteca o con una hipoteca residual
La ausencia de deuda hipotecaria no facilita necesariamente el plan. Desde el punto de vista patrimonial, una vivienda libre de cargas puede representar un valor de liquidación muy elevado.
En tal situación, la conservación será difícil si los ingresos del deudor no permiten ofrecer a los acreedores una cantidad equivalente a la que habrían recibido mediante la venta.
Segundo análisis: calcular correctamente el valor de la garantía hipotecaria
Uno de los aspectos más técnicos del plan es la separación entre:
- La parte de la deuda protegida por la garantía real.
- La parte que excede del valor de esa garantía.
El artículo 489.1.8.º del TRLC excluye de la exoneración las deudas con garantía real dentro del límite del privilegio especial. La deuda que exceda de ese límite puede recibir el tratamiento correspondiente a su clasificación concursal y, en su caso, resultar exonerada.
El valor de la garantía no coincide necesariamente con el precio de compra de la vivienda, con el valor de tasación que consta en la escritura hipotecaria ni con el capital pendiente.
Determinación del valor razonable
Para los bienes inmuebles, el artículo 273 exige, como regla general, un informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el registro correspondiente del Banco de España.
La tasación no será necesaria cuando exista otra realizada por una sociedad homologada dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso.
En determinadas viviendas terminadas también puede utilizarse una valoración actualizada de una tasación anterior, dentro de los límites y condiciones establecidos en el artículo 274 del TRLC.
Deducción del 10 %
Una vez determinado el valor razonable, el artículo 275 ordena deducir:
- El 10 % del valor razonable del inmueble.
- El importe de los créditos que tengan una garantía preferente sobre el mismo bien.
El resultado no puede ser superior al importe del crédito garantizado ni a la responsabilidad máxima hipotecaria pactada.
De forma simplificada:
Valor de la garantía = valor razonable de la vivienda – 10 % – cargas preferentes
Esta operación es decisiva porque determina qué parte del préstamo conserva la condición de deuda garantizada no exonerable.
Ejemplo práctico de recalculo de una hipoteca
Supongamos los siguientes datos:
- Valor razonable de la vivienda: 200.000 euros.
- Capital pendiente del préstamo: 230.000 euros.
- Cargas hipotecarias anteriores: ninguna.
- Responsabilidad hipotecaria máxima: superior al resultado obtenido.
La deducción del 10 % sería de 20.000 euros.
Por tanto:
Valor de la garantía: 200.000 – 20.000 = 180.000 euros
La deuda se dividiría inicialmente en:
- Parte cubierta por la garantía: 180.000 euros.
- Exceso sobre el valor de la garantía: 50.000 euros.
El artículo 492 bis del TRLC establece que, cuando la deuda pendiente supere el valor de la garantía, se mantendrán las fechas de vencimiento pactadas, pero las cuotas de principal e intereses se recalcularán tomando únicamente la parte de la deuda que no supere el valor de la garantía.
El exceso de 50.000 euros recibirá dentro del plan el tratamiento que corresponda según su clasificación —habitualmente crédito ordinario, salvo que concurra alguna circunstancia distinta— y la parte que finalmente quede insatisfecha podrá ser exonerada.
Este mecanismo no debe confundirse con una cancelación inmediata del préstamo hipotecario. La parte cubierta por la garantía seguirá siendo exigible y deberá atenderse conforme a los vencimientos aplicables.
Además, si en el futuro se ejecutara la vivienda y el precio obtenido permitiera satisfacer deuda que hubiera sido exonerada, esa exoneración quedaría revocada en la medida correspondiente, conforme a la cláusula de salvaguarda prevista en el artículo 492 bis.3.
Tercer análisis: el resultado hipotético de la liquidación
El hecho de que la ley permita conservar la vivienda no significa que los acreedores tengan que aceptar una pérdida superior a la que soportarían si el inmueble fuera vendido.
El artículo 498 bis permite impugnar el plan cuando no garantice a un acreedor, como mínimo, el pago de la parte de su crédito que habría recibido en una liquidación concursal.
Este control suele denominarse prueba del interés superior de los acreedores o suelo de liquidación.
Cómo se calcula el suelo de liquidación
Debe estimarse:
- El precio razonablemente obtenible mediante la venta.
- Los costes previsibles de realización.
- La deuda con privilegio especial que se pagaría con el precio.
- Los créditos contra la masa y privilegiados que tuvieran preferencia.
- El remanente que podría distribuirse entre los acreedores ordinarios.
Si la venta de la vivienda generaría, por ejemplo, 40.000 euros netos para los acreedores, el plan que pretenda conservarla debería ofrecer un valor económico equivalente, salvo que concurran circunstancias jurídicas específicas que justifiquen otro resultado.
En términos económicos, el deudor está financiando durante cinco años la conservación del valor patrimonial que no se entrega a los acreedores.
El presupuesto familiar debe ser realista y defendible
El plan no puede construirse tomando únicamente el salario y restando la cuota hipotecaria.
Debe elaborarse un presupuesto completo de la unidad familiar en el que se distingan:
- Ingresos netos recurrentes.
- Ingresos variables.
- Pagas extraordinarias.
- Pensiones, prestaciones o ayudas.
- Gastos de alimentación.
- Suministros.
- Transporte.
- Educación y cuidado de menores.
- Gastos médicos.
- Seguros.
- Tributos asociados a la vivienda.
- Cuotas de comunidad.
- Gastos profesionales.
- Obligaciones por alimentos.
- Deudas no exonerables.
- Gastos extraordinarios previsibles.
El artículo 498 bis permite impugnar el plan si no destina al pago de la deuda exonerable las rentas y recursos previsibles que excedan del mínimo legalmente inembargable, de los gastos razonables necesarios para las nuevas obligaciones del deudor y de los vencimientos correspondientes a las deudas no exonerables.
No resulta aconsejable, por tanto, inflar artificialmente los gastos familiares. Pero tampoco debe proponerse un presupuesto de mera supervivencia que haga inevitable el incumplimiento ante la primera avería, enfermedad o gasto escolar extraordinario.
La importancia de incorporar un margen de seguridad
Un plan técnicamente avanzado no debería destinar desde el primer mes el 100 % del excedente teórico al pago de los acreedores.
Debe contemplar un margen razonable para desviaciones previsibles, como:
- Incrementos de tipos de interés.
- Subidas de seguros o cuotas de comunidad.
- Gastos médicos no cubiertos.
- Reparaciones indispensables de la vivienda.
- Pérdidas temporales de ingresos.
- Variaciones en los gastos de menores o dependientes.
No se trata de crear un ahorro patrimonial injustificado, sino de evitar que una previsión excesivamente ajustada provoque el fracaso de todo el plan.
La necesidad de este margen debe explicarse y cuantificarse. Una reserva genérica y elevada podría ser cuestionada por los acreedores; una reserva proporcionada y vinculada a riesgos concretos resulta más defendible.
Cuotas fijas, variables o mixtas
El artículo 496 permite establecer pagos determinados, pagos determinables en función de la evolución de la renta o una combinación de ambos.
Sistema de cuotas fijas
Es adecuado cuando el deudor tiene ingresos estables, por ejemplo, una nómina fija o una pensión.
Facilita el control del cumplimiento, pero puede resultar rígido ante una reducción sobrevenida de ingresos.
Sistema de cuotas variables
Puede vincularse a un porcentaje del ingreso neto que exceda de una cantidad determinada.
Es especialmente útil para autónomos, trabajadores con comisiones o personas con contratos temporales. Sin embargo, la fórmula debe ser objetiva y verificable.
No sería suficiente indicar que se pagará “según las posibilidades económicas”. Debe determinarse:
- Qué ingresos se computan.
- Qué período se toma como referencia.
- Qué gastos se deducen.
- Qué porcentaje del excedente se destina al plan.
- Cuándo se realiza la regularización.
- Qué documentación debe aportarse.
Sistema mixto
Suele ser el más eficiente. Puede combinar una cuota mínima mensual con pagos adicionales cuando los ingresos superen determinados umbrales.
Este sistema protege a los acreedores frente a una mejora económica y reduce el riesgo de incumplimiento cuando los ingresos disminuyen moderadamente.
Integración de la hipoteca en el flujo mensual
Para comprobar la viabilidad del plan deben diferenciarse claramente:
- La cuota hipotecaria correspondiente a la parte protegida por la garantía.
- Los pagos destinados al exceso de deuda hipotecaria incluido en el plan.
- Los pagos a otros acreedores exonerables.
- Los vencimientos de créditos no exonerables.
La cuota hipotecaria no debe presentarse como un gasto ajeno al plan sin explicación. Debe justificarse por qué su mantenimiento es económicamente razonable.
Una comparación especialmente útil consiste en enfrentar:
- Cuota hipotecaria más gastos de propiedad.
- Coste previsible de un alquiler adecuado para la unidad familiar.
Si conservar la vivienda cuesta 750 euros mensuales y un alquiler equivalente costaría 950 euros, la conservación puede resultar compatible con el interés de los acreedores.
Si sucede lo contrario, será necesario explicar por qué la permanencia en la vivienda sigue siendo razonable, atendiendo, por ejemplo, a menores escolarizados, personas dependientes, adaptación por discapacidad o inexistencia de alternativas habitacionales adecuadas.
Qué ocurre si existen cuotas hipotecarias impagadas
La situación es considerablemente más delicada cuando el préstamo se encuentra en mora, ha sido declarado vencido anticipadamente o existe una ejecución hipotecaria en curso.
La exoneración mediante plan de pagos no convierte una hipoteca incumplida en una deuda automáticamente protegida.
La parte cubierta por la garantía sigue siendo no exonerable y el acreedor conserva las acciones correspondientes. El plan debe precisar cómo se regularizarán las cuotas vencidas y cómo se atenderán los pagos futuros. Los acreedores de deuda no exonerable mantienen, con las particularidades concursales, sus acciones de cobro.
Por ello, la posibilidad de conservar la vivienda es mucho mayor cuando:
- Las cuotas se encuentran al corriente.
- El retraso es reducido y puede regularizarse.
- No se ha producido todavía el vencimiento anticipado.
- Existe capacidad estable para atender la cuota recalculada.
Cuando la ejecución hipotecaria se encuentra avanzada, debe analizarse urgentemente su situación procesal. La mera presentación del concurso o del plan no debe darse por supuesta como una paralización indefinida de la ejecución.
Tratamiento de la deuda pública y otras deudas no exonerables
El plan debe reservar recursos suficientes para las deudas que no vayan a quedar exoneradas.
El artículo 489 establece, entre otras excepciones, las deudas por alimentos, determinadas responsabilidades civiles, determinadas sanciones y la parte no exonerable del crédito público.
Actualmente, la deuda cuya gestión corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria puede exonerarse, en la primera exoneración, hasta un máximo de 10.000 euros en los términos previstos legalmente. La deuda con la Seguridad Social recibe el mismo límite y sistema. El importe restante seguirá siendo exigible.
El plan no debe asumir que el juez puede imponer libremente a la AEAT o a la TGSS cualquier fraccionamiento. Es necesario coordinar los pagos con los aplazamientos y mecanismos admitidos por la normativa administrativa.
Un plan que destine todo el excedente a los acreedores ordinarios y omita los vencimientos de deuda pública no exonerable será previsiblemente inviable.
La posición del cónyuge, codeudor o avalista
La exoneración es personal.
Si el préstamo hipotecario fue firmado por ambos cónyuges o por varios codeudores, la exoneración obtenida por uno de ellos no libera automáticamente al otro.
El artículo 492 dispone que la exoneración no afecta a los derechos de los acreedores frente a:
- Codeudores solidarios.
- Fiadores.
- Avalistas.
- Aseguradores.
- Hipotecantes no deudores.
- Terceros obligados al pago.
Asimismo, en los regímenes de gananciales o comunidad, la exoneración obtenida por uno de los cónyuges no se extiende al otro mientras este no obtenga su propia exoneración.
Antes de diseñar el plan debe comprobarse:
- Quién es propietario de la vivienda.
- Quién figura como prestatario.
- Quién responde personalmente de la deuda.
- Qué régimen económico matrimonial existe.
- Si ambos miembros de la pareja se encuentran en insolvencia.
- Si resulta necesario solicitar concursos conjuntos o coordinados.
De nada serviría reducir la responsabilidad de un deudor si el acreedor puede reclamar íntegramente la misma deuda al otro prestatario, comprometiendo indirectamente la economía familiar y la conservación de la vivienda.
Principales causas de impugnación del plan
Los acreedores afectados pueden impugnar la exoneración y el plan dentro de los plazos legales.
Los principales riesgos son los siguientes.
Ofrecer menos que en la liquidación
Es el riesgo más importante cuando la vivienda tiene valor neto positivo.
No destinar los ingresos disponibles al pago
El deudor debe justificar qué parte de sus ingresos necesita para atender sus gastos razonables y qué parte puede destinarse a los acreedores.
Conservar otros activos innecesarios
La protección de la vivienda habitual no permite conservar indiscriminadamente otros inmuebles, vehículos de elevado valor, inversiones o activos innecesarios.
Los acreedores que representen al menos el 40 % del pasivo exonerable pueden impugnar el plan si no se prevé la realización de los activos que no resulten necesarios para la actividad o la vivienda habitual, en los términos del artículo 498 bis.
Falta de viabilidad objetiva
El juez debe comprobar no solo el contenido formal del plan, sino también sus posibilidades objetivas de cumplimiento.
Un plan basado en ingresos inciertos, expectativas laborales no acreditadas o reducciones de gastos imposibles puede ser rechazado o modificado judicialmente.
Oposición mayoritaria de los acreedores
La oposición de acreedores que representen más del 80 % de la deuda exonerable puede impedir la aprobación, aunque el juez conserva la facultad de imponer el plan atendiendo a las circunstancias particulares del caso.
Seguimiento y modificación del plan
La aprobación judicial no pone fin a las obligaciones de información.
Durante el plan, el deudor debe informar semestralmente al juez sobre:
- Su grado de cumplimiento.
- Las cantidades abonadas.
- Los cambios relevantes en sus ingresos.
- Cualquier alteración patrimonial significativa.
Si se produce una variación importante de la situación económica, el deudor o los acreedores pueden solicitar la modificación del plan. El artículo 499 bis solo permite aprobar una modificación por esta vía, por lo que debe utilizarse de manera estratégica y no ante cualquier fluctuación menor.
Si el deudor incumple el plan, los acreedores afectados pueden solicitar la revocación de la exoneración provisional. La consecuencia puede ser la resolución del plan y la apertura de la liquidación, con el consiguiente riesgo de pérdida de la vivienda.
No obstante, el artículo 500 permite conceder la exoneración definitiva aunque el plan no se haya cumplido íntegramente cuando el incumplimiento derive de accidente, enfermedad u otros acontecimientos graves e imprevisibles que afecten al deudor o a las personas con las que convive, siempre que se hayan respetado las demás limitaciones impuestas.
Una prueba de resistencia antes de presentar el plan
Un plan avanzado debería someterse a varios escenarios antes de ser presentado.
Escenario base
Se proyectan los ingresos y gastos más probables durante cinco años.
Escenario adverso moderado
Se simula, por ejemplo:
- Una reducción del 10 % de los ingresos.
- Un incremento de la cuota hipotecaria.
- Una subida de los gastos de vivienda.
- Uno o dos meses de pérdida temporal de empleo.
Escenario adverso grave
Se analiza si el plan podría mantenerse, modificarse o transformarse en una exoneración con liquidación si se produce una pérdida sustancial de ingresos.
La finalidad no es garantizar que nunca ocurrirá un incumplimiento, algo imposible, sino demostrar que el plan no depende de una sucesión perfecta de acontecimientos favorables.
Documentación recomendable
La propuesta debería apoyarse, entre otros documentos, en:
- Nota simple registral actualizada.
- Escritura de préstamo hipotecario.
- Certificado bancario de capital pendiente.
- Cuadro de amortización.
- Información sobre cuotas vencidas.
- Tasación homologada o valoración actualizada admisible.
- Recibos de IBI, comunidad y seguro.
- Nóminas, pensiones o declaraciones de actividad.
- Declaraciones de IRPF.
- Extractos bancarios.
- Presupuesto familiar documentado.
- Justificación de gastos extraordinarios.
- Relación completa de acreedores.
- Simulación de liquidación.
- Simulación del plan en distintos escenarios.
- Documentación sobre la situación del cónyuge o codeudores.
La coherencia entre estos documentos es tan importante como el contenido del propio plan. Las diferencias entre los ingresos declarados, los movimientos bancarios y el presupuesto presentado pueden ser utilizadas para cuestionar la buena fe o la viabilidad de la propuesta.
Evolución jurisprudencial reciente
La interpretación del tratamiento de la vivienda hipotecada continúa evolucionando.
La Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencia de 18 de junio de 2025, consideró razonable la declaración de concurso sin masa cuando la vivienda familiar estaba gravada con una hipoteca muy superior a su valor de mercado. La Audiencia señaló que la liquidación podía ser contraproducente y admitió que el exceso de deuda sobre el valor de la garantía pudiera recibir tratamiento exonerable, con la salvaguarda prevista para el supuesto de una futura ejecución.
Más recientemente, mediante auto de 24 de marzo de 2026, difundido por el Consejo General del Poder Judicial el 24 de junio de 2026, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Murcia planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La cuestión pretende aclarar si, en un concurso sin masa y sin liquidación, una persona insolvente puede exonerar la parte de la hipoteca que excede del valor de la vivienda habitual sin perder el inmueble. A fecha de actualización de este artículo, el TJUE todavía no ha resuelto la cuestión.
Aunque la cuestión prejudicial se refiere específicamente al concurso sin masa, resulta relevante para los planes de pagos porque pone de manifiesto la importancia de diferenciar entre el valor real de la garantía y el exceso de deuda hipotecaria.
En la modalidad de plan de pagos, el artículo 492 bis ofrece una regulación expresa del recalculo de la deuda hipotecaria. En el concurso sin masa, en cambio, la aplicación de ese mecanismo ha generado interpretaciones judiciales distintas.
El Derecho de la Unión Europea también parte de que las deudas garantizadas solo deben quedar excluidas de la exoneración hasta el valor de la garantía, mientras que el exceso debe recibir la consideración de deuda no garantizada.
Errores que deben evitarse
Los errores más habituales al diseñar estos planes son:
- Utilizar el valor catastral en lugar de una valoración jurídicamente adecuada.
- Confundir el valor de mercado con el valor de la garantía.
- Omitir la deducción legal del 10 %.
- Considerar exonerable toda la hipoteca.
- Suponer que la aprobación del plan impide cualquier ejecución hipotecaria.
- No calcular el resultado hipotético de la liquidación.
- Presentar un presupuesto familiar sin documentación.
- No incluir la deuda pública no exonerable.
- Ignorar la existencia de codeudores o avalistas.
- Proponer cuotas excesivas que no dejan margen para imprevistos.
- Proponer cuotas demasiado reducidas sin justificación.
- Basar el plan en aumentos futuros de ingresos meramente hipotéticos.
- Omitir los gastos de conservación de la vivienda.
- No prever el efecto de una subida del tipo de interés.
- Presentar la solicitud cuando la ejecución hipotecaria ya se encuentra en una fase avanzada sin analizar previamente sus consecuencias.
Conclusión
La Ley de Segunda Oportunidad permite conservar la vivienda habitual, pero esa posibilidad no constituye una protección automática del inmueble.
El éxito depende de presentar un plan que demuestre simultáneamente:
- Que el deudor reúne los requisitos para obtener la exoneración.
- Que la vivienda ha sido correctamente valorada.
- Que la deuda hipotecaria se ha dividido adecuadamente entre la parte cubierta por la garantía y el exceso.
- Que los acreedores recibirán, como mínimo, lo que obtendrían en una liquidación.
- Que las cuotas son compatibles con los ingresos y gastos reales de la unidad familiar.
- Que las deudas no exonerables podrán ser atendidas.
- Que existe margen suficiente para afrontar contingencias previsibles.
- Que la situación de los codeudores y del cónyuge ha sido analizada.
- Que el plan puede mantenerse durante cinco años.
El plan de pagos no debería redactarse al final del procedimiento como un simple trámite. La estrategia para conservar la vivienda debe comenzar antes de solicitar el concurso, porque la valoración del inmueble, la situación de la hipoteca, la modalidad de exoneración elegida y el momento procesal condicionarán toda la solución.
Un estudio económico y jurídico previo permite determinar si conservar la vivienda es viable, qué cantidad deberá ofrecerse a los acreedores y qué riesgos deben resolverse antes de presentar la solicitud.
Preguntas frecuentes
¿Puedo acogerme a la Ley de Segunda Oportunidad sin perder mi vivienda?
Sí, puede solicitarse la exoneración mediante un plan de pagos sin liquidación previa. No obstante, será necesario acreditar que el plan es viable y que respeta los derechos económicos que los acreedores tendrían en una eventual liquidación.
¿Cuánto dura el plan si conservo la vivienda?
Como regla general, cinco años desde su aprobación judicial.
¿Tengo que seguir pagando la hipoteca?
Sí. La parte de la deuda cubierta por el valor de la garantía real no es exonerable y debe continuar abonándose conforme al régimen aplicable.
¿Puede cancelarse la parte de la hipoteca que supera el valor de la vivienda?
En los planes de pagos, el artículo 492 bis permite que el exceso sobre el valor de la garantía reciba el tratamiento correspondiente dentro del plan y que la parte insatisfecha resulte finalmente exonerada.
¿Qué ocurre si la vivienda vale más que la hipoteca?
El plan deberá tener en cuenta el valor que habrían recibido los acreedores si la vivienda se hubiera vendido. Esto puede obligar a realizar pagos más elevados durante los cinco años.
¿Qué ocurre si dejo de pagar la hipoteca durante el plan?
El acreedor hipotecario puede ejercer las acciones correspondientes respecto de la deuda garantizada. Además, el incumplimiento del plan puede provocar la revocación de la exoneración provisional y la apertura de la liquidación.
¿Puede modificarse el plan si disminuyen mis ingresos?
Sí, cuando se produzca una alteración significativa de la situación económica. La modificación está sometida a aprobación judicial y, con carácter general, solo puede aprobarse una vez por esta vía.
¿La exoneración beneficia también a mi cónyuge o avalista?
No. La exoneración es personal y no impide que el acreedor reclame a los codeudores, fiadores, avalistas o hipotecantes no deudores que no hayan obtenido su propia exoneración.
¿Es siempre recomendable conservar la vivienda?
No necesariamente. Debe compararse el coste total de mantenerla con el coste de una alternativa habitacional y con el esfuerzo económico necesario para compensar a los acreedores. En ocasiones, la liquidación puede proporcionar una segunda oportunidad más rápida y sostenible.
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